La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)  y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), emitieron un comunicado conjunto en el que “rechazan las afirmaciones falsas de los representantes de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR) que afirman que la democratización de la comunicación no es más que una estrategia para acabar con los `medios privados, libres e independientes”.

“Desde ARPAS y ALER reivindicamos la democratización de la comunicación y la construcción de modelos de medios democráticos como una reforma democrática estructural necesaria para profundizar la democracia en nuestros países, en el marco de la búsqueda del Buen Vivir de los pueblos latinoamericanos. En tal sentido, instamos a los medios de comunicación democráticos, a las organizaciones populares y cristianas, a las instituciones académicas y a los gobiernos que son sensibles a estas propuestas, a continuar con el esfuerzo de democratizar la comunicación para profundizar la democracia” concluyen.

Entre el 15 y hoy 17 de mayo se realiza en El Salvador una reunión de representantes de Radiodifusoras privado-comerciales de todo el Continente, convocados por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER). A la vez se realiza una reunión del Consejo directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la asamblea general de la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA).

Representantes de la AIR han expresado en algunos medios masivos del Salvador algunas falsedades sobre los procesos de democratización de la comunicación, que se impulsan en varios países de toda Latinoamérica con la aprobación de nuevas leyes que regulan la radiodifusión des una perspectiva de los derechos humanos y políticas públicas en el ámbito mediático. Los voceros de la AIR afirmaron temerariamente que la democratización de la comunicación no es otra cosa que una estrategia para acabar con los “medios privados, libres e independientes”.

VER  Pronunciamiento ARPAS-ALER

(EC) Según versiones más o menos oficiales el Presidente José “Pepe” Mujica enviaría en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Sin embargo, su contenido sigue siendo un misterio inclusive para los legisladores del oficialista Frente Amplio de ambas cámaras y sólo se conocen algunos aspectos a través de los trascendidos periodísticos.

Según el semanario Brecha, el proyecto contaría con unos 190 artículos acordados por un grupo de trabajo compuesto por 15 especialistas designados por sindicatos, el mundo académico, organizaciones no gubernamentales y representantes de las cámaras empresariales del sector.

El proyecto establecería que el sistema de medios debe funcionar bajo las convenciones internacionales de protección de la libertad de expresión, libertad de información y la Convención sobre Diversidad de Expresiones Culturales adoptada por la Unesco.

Según declaraciones al portal de noticias argentino Perfil de Gabriel Kaplún, presidente del Comité y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, el borrador del proyecto de ley que enviaría Mujica, no refleja las sugerencia que el Comité había hecho para una nueva ley de SCA: “El proyecto de Presidencia es más tibio en lo referido a los plazos de las licencias. También deja dudas sobre los límites a la concentración. Y los tiempos fijados para desinvertir parecen ser otro punto problemático”, remarco kaplún.

Las posiciones dentro del lo mas alto del poder ejecutivo uruguayo son muy disimiles y han tenido idas y vueltas. Danilo Astori, vicepresidente de la Nación había dicho que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Mujica – si bien venia teniendo una posición ambigua que habría cambiado luego de llegar a ciertos acuerdos políticos con los grandes grupos mediáticos – declaro hace un año atrás que “algunos sectores estratégicos del país nunca han sido francamente democratizados, y va a ser muy difícil que avance la democracia en la sociedad sin medios democráticos”.

El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, en declaraciones al diario El País, advirtió que antes de enviar el proyecto de ley al Congreso, el gobierno debería convocar a todos los partidos políticos para consensuar una norma.

Aunque mantiene vigente el actual mapa de medios, al menos durante 20 años más, el Estado debería prevenir e impedir la formación de oligopolios. Si bien no cambiaría los límites actuales de concentración, cuando se pruebe que uno o varios grupos exceden los límites de licencias que el proyecto le otorga cinco años para adecuarse a la nueva norma.

Algunos puntos importantes de lo que ha trascendido son:

• En lo referido a la “propiedad cruzada”, no impide el control cruzado de distintos tipos de medios (televisión abierta, televisión por cable, radio)
• Regula la transmisión de espectáculos de interés público, garantizando así un mínimo de eventos deportivos en la televisión abierta.
• Disminuye levemente los tiempos máximos de publicidad por hora y prohíbe la publicidad encubierta o subliminal,
• Las televisoras podrían prestar servicios de telecomunicaciones (telefonía y transmisión de datos).
• Prohíbe a las empresas telefónicas prestar servicios de televisión.